Pese a los reparos que expresó en público hasta apenas un mes atrás el titular de la AFIP, Alberto Abad, el Gobierno se apresta a lanzar un nuevo blanqueo de capitales para aprovechar el buen clima financiero instalado tras el pago a los fondos buitre y convencer a los argentinos con dinero en el exterior de repatriarlo.
Por Alejandro Bercovich *
Según revelaron fuentes oficiales, el anuncio se hará en las próximas semanas y apunta a reforzar el ingreso de divisas para que los vencimientos de deuda del resto del año puedan cubrirse sin apelar a nuevas colocaciones de bonos.
Los contribuyentes que mantengan fondos fuera del radar del fisco tendrán varias alternativas para declararlos pero, a diferencia del blanqueo que concluyó el 31 de diciembre, deberán pagar un costo en todos los casos. Según las fuentes consultadas, ese costo fluctuará según el destino que se le dé al dinero.
Los estudios tributarios más reputados de la City estiman que un blanqueo sin control de cambios, sin default y con nuevo gobierno en funciones, puede traer al país cerca de 20.000 millones de dólares.
Si las divisas se mantienen en el exterior, por ejemplo, su dueño deberá pagar entre un 8 y un 10% y comenzar a tributar Bienes Personales a cambio de la ventaja de ingresarlo al sistema y quedar habilitado para invertirlo en el mercado local en el futuro. Si el dinero se vuelca a la compra de acciones o bonos de la deuda argentinos, en cambio, la multa a pagar por haberlo mantenido oculto rondará el 3%.
El cobro de una penalidad fue la condición que puso Abad un mes atrás para aceptar el lanzamiento de un blanqueo de capitales. Apenas asumió, en diciembre, el jefe de los sabuesos descartó de plano que fuera a aplicarse y hasta lo consideró “inaceptable desde el punto de vista moral”. Además, antes de haber sido eyectado por Cristina Kirchner en 2008 del mismo puesto que ahora volvió a ocupar, el funcionario había denunciado varias usinas de facturas truchas utilizadas por grandes empresas que ahora podrían aprovechar la amnistía para recircular lo evadido.
El anterior programa de exteriorización de capitales fue aprobado por el Congreso en abril de 2013 y luego prorrogado nueve veces. Hasta diciembre pasado solo recaudó 2.595 millones de dólares, la mitad de lo que se había estimado para los tres meses previstos inicialmente. Por eso el propio Abad lo calificó como un “fracaso en términos cuantitativos”.
Para el Gobierno, sin embargo, es clave el ingreso de fondos frescos este año, y el resto del equipo económico convenció al presidente Mauricio Macri de que lo más a mano son los propios argentinos que fugaron divisas durante la vigencia del control de cambios (desde 2011) o que las mantienen desde siempre en el exterior, en cajas de seguridad o en otros recovecos fuera del sistema. “Abad va a tener que hacer una excepción esta vez”, dijeron las fuentes.
Uno de los argumentos que para el Gobierno hacen más tentador un blanqueo es que Suiza levantará el secreto sobre sus depósitos bancarios en 2018 como parte de un acuerdo con el G-7, por lo que todos los movimientos de sus cuentas desde el 1º de enero de 2017 serán conocidos por la AFIP dentro de poco más de un año y medio.
Advertidos de esa situación por sus contadores y abogados, los dueños argentinos de cuentas en bancos helvéticos están decidiendo por estas horas si repatriar el dinero o enviarlo a paraísos fiscales que no vayan a “deschavarlos” ante el fisco. Uno de ellos es Estados Unidos, que no está entre los 85 países que van a intercambiar sus datos fiscales desde 2018 y donde el estado de Delaware se mantiene al margen de todo registro global.
Según el economista Jorge Gaggero, especialista en fuga de capitales y miembro de la Red de Justicia Tributaria (RJT), el blanqueo “beneficiará a evasores y fugadores, como siempre lo hacen estas medidas”, pero su lanzamiento “forma parte del corazón de la estrategia oficial para lograr un rebote en la actividad económica, junto con la reapertura del endeudamiento público”. La RJT estima la riqueza de los argentinos en el exterior en unos 450 mil millones de dólares, el doble de lo que calcula el INDEC.
- Diario BAE