La Ciudad creó un régimen de pruebas que permitirá a automotrices, empresas tecnológicas y operadores logísticos ensayar vehículos sin conductor y pequeños equipos autónomos en la vía pública. La iniciativa abre un nuevo campo de negocios, aunque todavía está lejos de habilitar la circulación comercial de robotaxis.
Buenos Aires dio el primer paso para incorporar a su tránsito una tecnología que hasta ahora parecía reservada a ciudades de Estados Unidos, China o Europa. Mediante la Resolución 170/SECT/26, la Secretaría de Transporte porteña estableció un procedimiento para autorizar pruebas de automóviles autónomos y “drones terrestres”: robots destinados al reparto de paquetes, el transporte de cargas livianas y distintas tareas urbanas.
La medida no implica que comenzarán a circular inmediatamente taxis sin conductor. Cada empresa deberá presentar un proyecto individual, definir las unidades, los recorridos, los horarios y las condiciones en las que se realizará la experiencia. La autorización tendrá una duración máxima de un año, con posibilidad de renovación.
En el caso de los automóviles, la Ciudad apunta a unidades de Nivel 4, según la clasificación internacional SAE. Se trata de vehículos capaces de asumir completamente la conducción dentro de zonas y condiciones previamente delimitadas. Durante la etapa inicial, sin embargo, deberán llevar una persona preparada para tomar el control ante una falla.
La posibilidad de eliminar ese conductor de seguridad quedará supeditada a los resultados de las pruebas y al desarrollo de seguros específicos. Por ahora, el régimen funciona como un “sandbox” regulatorio: un entorno controlado donde las compañías pueden probar tecnologías y el Gobierno reunir información para elaborar una normativa definitiva.
## El negocio puede comenzar por el delivery
El impacto comercial más cercano probablemente no llegue de la mano de los robotaxis, sino de los equipos de reparto. La resolución admite pequeños vehículos autónomos que circulen a menos de 20 kilómetros por hora y realicen entregas de última milla, tareas de limpieza, inspección, mantenimiento, seguridad o monitoreo urbano.
Para las empresas de logística y comercio electrónico, estos dispositivos podrían reducir el costo de los trayectos cortos y automatizar entregas dentro de barrios, parques empresariales o zonas con circulación acotada. Al tener requisitos de homologación más flexibles que los automóviles, también podrían desembarcar antes en las calles porteñas.
El esquema, de todos modos, fija exigencias importantes. Tanto autos como robots deberán contar con seguro de responsabilidad civil, sistemas de supervisión remota y una “caja negra” que registre velocidad, geolocalización, frenado, dirección, intervenciones humanas y datos de cámaras y sensores.
Cada proyecto deberá designar además una Persona Responsable por la Operación, que asumirá las consecuencias de eventuales fallas humanas, mecánicas, electrónicas o de software. La Ciudad podrá exigir ensayos previos en espacios cerrados, realizar auditorías y suspender las experiencias si detecta riesgos.
Las compañías tendrán que entregar informes bimestrales con kilómetros recorridos, horas de funcionamiento, cargas o pasajeros transportados, interrupciones, incidentes y desperfectos. Esa información permitirá evaluar no solamente si la tecnología funciona, sino cómo responde frente a peatones, ciclistas, vehículos y las particularidades del tránsito porteño.
Buenos Aires todavía está lejos de replicar la escala alcanzada por Waymo, Zoox o las operadoras chinas de robotaxis. Pero la creación de una puerta de entrada regulatoria elimina una barrera inicial: las empresas ya disponen de un mecanismo para experimentar en condiciones reales. El desafío será transformar esas pruebas en servicios seguros y, al mismo tiempo, económicamente viables.
