En Diputados, representantes de pequeñas y medianas empresas se mostraron contrarios al proyecto sancionado por el Senado, en el marco de un plenario de comisiones de Presupuesto y Trabajo.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, anticipó que el cronograma diseñado por el oficialismo, que incluye para mañana a las 11 la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “va a servir para trazar un diagnóstico de las necesidades del mercado laboral”.
Al exponer ante los diputados, el titular de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, aseguró que “no ha habido despidos” en el sector y pidió que “excluyan” a las pymes de la ley, al sostener que se trata de organizaciones familiares que evitan despedir a su personal “pese a que las ventas cayeron y que han recibido facturas de aumento de luz 500%”.
Según el especialista Leonardo Gasparini, profesor de la Universidad de La Plata y Director de becas del Conicet, hay que demorar la sanción de la ley para evaluar mejor la situación del mercado laboral, al considerar que los problemas de empleo “tienen impacto negativo en el corto plazo” y sostuvo que “ha habido contracción en el empleo pero no es severa, ni diferente a la de otros países de la región”.
En el marco del debate, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, el justicialista Alberto Roberti, coincidió con el diagnóstico de CAME, al sostener que “la mayoría de los despidos se dio en los sectores que se la llevaron con pala”.
Por su parte, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) advirtió que prohibir los despidos “no es el instrumento” porque “no hay despidos masivos” y llamó a “poner el foco en la creación de empresas, especialmente pymes”, a la vez que consideró que “las prohibiciones terminan disuadiendo la contratación”.
Desde el Frente Renovador, el diputado Héctor Daer, rechazó los cuestionamientos a la ley para prohibir despidos, al sostener que no es “inconstitucional” la iniciativa y celebró que el Poder Ejecutivo “tenga preocupación de que existe el problema de empleo” aunque advirtió que “no podemos igualar para abajo, creyendo que eso nos va a generar condiciones para terminar con la informalidad”.
Raul Robín, de CAME y representante de los productores azucareros de Tucumán, sostuvo que “el campo también es pyme” y consideró que la norma “va a generar muchos problemas por los juicios laborales que va a generar en las economías regionales”, especialmente en los trabajadores cíclicos, porque “en las grandes empresas no les mueve el amperímetro”.
Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Pedro Etcheberry, dijo que se trata de una “ley prohibitiva que no tiene fundamento real porque no existe emergencia ocupacional” y advirtió que tiene “muchos déficit técnicos” porque, entre otras cuestiones, quita la herramienta de las suspensiones para evitar los despidos, al sostener que “es una ley mezquina, reduccionista y conservadora”.
Sin embargo, desde Fedecámaras, Rubén Manusovich, se pronunció a favor de la ley de emergencia ocupacional “para ponerle fin a este proceso que excluye a los trabajadores” y advirtió que “lo primero que tendrían que hacer los empresarios que estuvieron ayer en Casa de Gobierno es retrotraer los precios, en relación al poder adquisitivo de los trabajadores”, al sostener que “si esta ley no sale van a seguir remarcando precios”.
Oscar Gentili, de la Confederación General Económica Argentina (CGERA) manifestó su rechazo al proyecto para prohibir despidos, al sostener que “no se protege el salario de nuestros empleados porque haya una ley”, y consideró que “el trabajo de ellos se protege con producción y ventas, no se salva un empleo por una ley. No somos propensos a despedir, una ley que prohíbe los despidos desmotiva a emplear “.
El debate continuará mañana a las 11 con la exposición del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sobre la situación laboral, en tanto que el jueves el oficialista Cambiemos aspira a emitir dictamen del proyecto sancionado por el Senado con cambios para debatirlo en el recinto la semana próxima o a más tardar en 10 días.
