El imparable ascenso y caída de Gerardo Ferreyra, quien participó en atentados como cuadro de la organización guerrillera ERP y estuvo en prisión casi nueve años. Los contactos políticos hechos en la cárcel, le sirvieron para llevar a una pyme de Córdoba a crecer de manera exponencial con la obra pública. Pero volvió a estar entre rejas, esta vez por pagar coimas al gobierno K.
Todo sucedió como en una secuencia cinematográfica. El miércoles 20 de agosto de 1975 a las 11, Enrique Gorriarán Merlo llegó al bar y confitería El Ruedo, en la calle Obispo Trejo, frente a la plazoleta del fundador de la ciudad de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, como si fuera un cliente más, aunque con un estuche de una máquina de tejer en su mano izquierda. Cuatro jóvenes se acercaron con un par de changuitos en los que transportaban bafles con la inscripción “Orquesta Los Querubines”; se ubicaron a la izquierda de Gorriarán, al lado de la iglesia y el convento de Santa Catalina de Siena.
Una joven, que pasaba con un cochecito de bebe, encaró al agente que estaba de custodia en la puerta del Cabildo, donde funcionaba el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Su misión era neutralizar al agente para que sus compañeros pudieran entrar y copar el local policial. Sin embargo la chica se puso nerviosa mientras buscaba un revólver en el cochecito y el agente captó su propósito. Gorriarán Merlo de inmediato desenfundó su fusil y alcanzó al policía de un disparo. Los miembros de la supuesta orquesta Los Querubines también sacaron sus armas de los bafles y comenzaron a tirar contra las ventanas de las oficinas policiales. Otros supuestos transeúntes hicieron lo mismo, siendo repelidos desde dichas ventanas. Fue un tiroteo infernal, al cabo del cual los atacantes se retiraron sin poder cumplir su propósito, hubo seis muertos, cinco policías y un miembro del PRT, así como 13 personas heridas que se hallaban en el lugar.
Al mismo tiempo, otro grupo del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), atacaba el Comando Radioeléctico, donde también se registró un nutrido tiroteo. Allí los seguidores del “comandante” Roberto Santucho lograron un objetivo importante: inutilizar la central de comunicaciones del Comando Radioeléctrico. Esa misión estuvo a cargo de Gerardo Ferreyra, quien al decir de un antiguo camarada era un importante cuadro militar y político de la organización. Aunque lo niega, Ferreyra también habría participado junto con Gorriarán Merlo en el ataque a la Jefatura de Policía de Córdoba.
En la penitenciaría, Ferreyra compartió prisión con Carlos Zannini, por aquellos años un oscuro militante de la agrupación maoísta Vanguardia Comunista, apodado el “Chino” (tanto por sus facciones como por su filiación política).
CONTACTOS A LA SOMBRA
Poco tiempo después Ferreira, detenido y acusado por estos atentados , comenzaría una larga estadía de casi nueve años en la cárcel (lo que seguramente lo salvo de ser un desaparecido). En la penitenciaría, Ferreyra compartió la prisión con Carlos Zannini, quien luego sería el poderoso secretario Legal y
Técnico de la Presidencia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, pero que, por aquellos años era un oscuro militante de la agrupación maoísta Vanguardia Comunista, apodado el “Chino”, tanto por sus facciones como por su filiación política.
Ferreyra también compartió esa cárcel con el actual ministro de Obras Públicas y Financiamiento de Córdoba, Ricardo Sosa, quien gestionó y obtuvo financiamiento por US$ 5.400 millones para el ambicioso plan de obras del gobierno provincial. Sosa es uno de los colaboradores de mayor confianza de Schiaretti y resultaría un contacto clave para el dueño de Electroingeniería.
Según ex militantes de aquellos años, Sosa, a quienes todos conocían como “Chaucha”, a principios de 1976, fue trasladado del pabellón 8 al pabellón 6 de la penitenciaría, donde también estaban Ferreyra y Zannini. Entre los tres se forjaría desde entonces una estrecha amistad.
Sosa militaba en las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), que tenían fuerte presencia en la fábrica Transax (actual Volkswagen), mientras que el gobernador Schiaretti, luego del paso por un movimiento de orientación cristiana, militaba por aquel tiempo en el Peronismo de Base, organización crítica hacia Juan Perón que terminó acercándose a las FAP.
Estos contactos privilegiados, forjados entre los barrotes de la prisión, le permitieron a Ferreyra excelentes vínculos con los gobiernos kirchneristas, en la Nación, y con las administraciones de José Manuel de la Sota y de Schiaretti, en la provincia, ya que Sosa fue funcionario de ambos gobernadores, tanto en la presidencia del Banco de Córdoba como en las áreas de obras públicas y búsqueda de financiamiento.
DE LA GUERRILLA A LA EMPRESA
Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta se conocieron en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba en 1968. Allí trabaron amistad. Ambos tenían militancia activa en la convulsionada Argentina de los ‘70.
Acosta fundó en 1977, Y un par de años después de recibirse de ingeniero, Electroingeniería para la “comercialización de materiales y equipos eléctricos, la fabricación de celdas y tableros y la construcción de obras electromecánicas”. Era una Pyme.
Y lo siguió haciendo hasta 1984, cuando Ferreyra –después de casi nueve años de cautiverio– se incorporó a aquella pequeña empresa de su amigo Osvaldo. Traía un contacto clave: Carlos Zannini.
Originario de Villa Nueva, Córdoba, Zannini dejó la provincia cuando recuperó su libertad y se fue para Río Gallegos, donde lo conoció a Néstor Kirchner y se transformó enseguida en el principal hacedor político del por entonces empresario inmobiliario de Río Gallegos.
La primera década y media después del regreso de la democracia tenía a Electroingeniería como una empresa de poco volumen dedicada aquellas cuestiones vinculadas con suministros eléctricos con su modesta sede en barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Hacía sus ventas visitando empresas e incluso puerta por puerta en el barrio.
“100 escuelas y muchos amiguitos”
Hasta que empezaron a rendir fruto los contactos políticos de Ferreyra. José Manuel de la Sota inició su mandato en 1999 prometiendo construir una gran cantidad de escuelas. Su ministro de Educación era Juan Carlos Maqueda, actual vocal en la Corte Suprema de Justicia, y el número dos era Ricardo Jaime. El hoy condenado y preso Jaime venía de Santa Cruz, donde había sido funcionario de Kirchner como gobernador y en la Intendencia de Río Gallegos, y había estrechado vínculos con Zannini.
La cuestión es que la construcción de las famosas 100 escuelas de De la Sota corrió por cuenta de Electroingeniería, que no tenía antecedentes en el rubro. Fue tal el escándalo que la Provincia terminó dando de baja reparticiones completas donde los profesionales a cargo señalaban las carencias y elementos “ilícitos” de la propuesta de la empresa.
Todo el personal del Registro de Constructores de Obras fue suspendido por ese motivo y la institución fue intervenida por el entonces secretario de Obras Públicas, Hugo Testa.
No obstante, el gobierno consiguió que el Colegio de Arquitectos y la Universidad Tecnológica dieran un aval técnico a la capacidad de Electroingeniería.
Los principales funcionarios que en aquel momento participaron en ese proceso de construcción de las escuelas fueron, además de De la Sota, el fiscal de Estado, Domingo Carbonetti; el entonces ministro de Educación y actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, y el ministro de Obras Públicas y actual senador nacional Carlos Caserio, con el agregado de que Ricardo Jaime, quien luego saltaría al estrellato de la corrupción kirchnerista, en aquel momento era secretario del Ministerio de Educación de Córdoba, designado por De la Sota a pedido de Kirchner.
Electroingeniería ganó la obra. Pese a los avales anteriores, fue denunciada por numerosas Pymes que fueron subcontratadas para construir las escuelas y no recibieron su pago. Varias de estas empresas cerraron por el ahogo financiero y en algunos casos, a falta de dinero, debieron aceptar que Electroingeniería les pagara con departamentos y bonos correntinos. La empresa figuraba con más de 1.200 cheques rechazados.
Lo cierto es que Electroingeniería dio el gran salto cuando empezó a ser contratista del Estado provincial. Dejó de ser aquella Pyme de garage de los ‘70 y se transformó en una gran empresa constructora. Se fueron asociando o subcontratando a fuertes jugadores del rubro y empezaron a quedarse con cada vez más obras.
De las armas a los bolsos
Pero el salto mayor aún estaba pendiente. En 2003, la llegada de Kirchner al poder, a quien Ferreyra y Acosta ya conocían bien por Zannini, le abrió las puertas a Electroingeniería para las obras nacionales.
Arrancaron un tendido eléctrico en la Patagonia, siguieron rutas y autopistas nacionales, pasaron por los gasoductos con el escándalo de Skanska incluido, reparación de centrales nucleares, y fueron por una gran cantidad de obras públicas.
Así se transformaron en uno de los mayores beneficiarios de las licitaciones del kirchnerismo. El entonces poderoso ministro de Planificación actualmente en prisión, Julio De Vido, presentaba en sus giras por el extranjero a Ferreyra como su representante. Fueron uno de los primeros en ganarse el mote de empresarios K.
Eran años de expansión y crecimiento. Del taller de barrio San Martin, Electroingeniería pasó a llamarse grupo Eling. Era un holding que tenía empresas en los rubros de la construcción, la energía, los peajes de rutas, el inmobiliario, los vinos y los medios de comunicación. Un astronómico crecimiento en menos de dos décadas.
Pese a que se dedicaban a las grandes obras nacionales, siguieron siendo uno de los contratistas preferidos de las gestiones de Unión Córdoba de De la Sota y Juan Schiaretti.
Cuando los gobernadores peronistas cordobeses habían roto con el kirchnerismo y se habían enfrentado públicamente, por abajo había una serie lazos y puentes. Uno de ellos eran los dueños de Electroingeniería, que fue la encargada de construir el Centro Cívico en el primer mandato de Schiaretti.
También participó en los consorcios que construyeron Atucha II y la interconexión entre Comahue y Cuyo. Incluso Julio De Vido intervino en 2006 para que Petrobras no le vendiera la principal transportista en alta tensión del país, Transener, al fondo norteamericano Eton Park sino que fuera traspasada a Electroingeniería por razones “estratégicas”. Fue un recordado caso donde el propio Néstor Kirchner acusó a Estados Unidos de presionar a la Casa Rosada para permitir el ingreso de los inversores estadounidenses.
La adjudicación de la construcción de las represas patagónicas fue uno de los últimos actos de De Vido a favor de Electroingeniería, proceso envuelto también en la polémica por la presentación en la apertura de los sobres con la oferta económica de una carta de descuento que llevó el propio Ferreyra.
La entonces presidenta, Cristina Fernández, viajó luego a China para rubricar los créditos destinados a este proyecto.
En el pináculo del kirchnerismo, Ferreyra fue un firme defensor del rol del Estado como eje principal del desarrollo económico y alimentó decididamente el mantenimiento de gobiernos de izquierda en América Latina. Le retribuyeron con negocios, en los que influyó la recomendación del gobierno K.
En Bolivia, por ejemplo, su empresa construyó y terminó despedida por las excesivas demoras en un tendido vial. En Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez le entregó la construcción de la central Termozullia III. “Fue una licitación limpia”, aseguran desde la firma cordobesa.
Por las redes sociales, el ahora detenido, era un activo militante del modelo “nacional y popular”, y se trenzaba sin problemas en intensos debates al punto de que en la intimidad de Electroingeniería varías veces sonaron fuertes reproches. Sobre todo por las complicaciones que generaba con Macri en la Rosada.
La caída
El ocaso del kirchnerismo coincidió con el inicio de sus problemas. La mayor obra que tenían proyectada, las dos megarepresas en Santa Cruz con financiamiento chino, se frenaron por el cambio de gobierno, en especial porque las nuevas autoridades alertaron sobre lo desmesurado de los costos.
La empresa además desembarcó en los medios de comunicación con la compra de Radio Del Plata y con el lanzamiento del canal de televisión digital 360TV, para defender el modelo kirchnerista. Ambas firmas fueron beneficiadas con la pauta oficial. Solo Del Plata recibió $ 57,1 millones de publicidad oficial, entre 2009 y 2015. Actualmente estas compañías atraviesan por una severa crisis, ya que la radio echó a más de 50 personas, mientras que en el canal ya se habían dispuesto cesantías de empleados. 360 TV estuvo a la venta en 2016 y Electroingeniería pedía US$ 9 millones por la compañía, pero no lograron transferirla.
En 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, la empresa le vendió al Estado por US$ 27 millones, su participación en Transener, la principal distribuidora eléctrica del país.
El 1 de agosto de 2018 Ferreyra ingresó nuevamente a una prisión. La primera fue por su militancia violenta de los ‘70. La segunda porque se sospecha que se hizo más que millonario gracias a las coimas que pagó para quedarse con obra pública.
