La ley de Presupuesto Nacional de 2015, aprobada solamente por el oficialismo, autoriza al gobierno a endeudarse en US$ 50.300 millones, de los cuales US$ 32.420 millones corresponden a inversiones energéticas y dentro de ellas US$ 11.000 millones son para la construcción de centrales nucleares. Aquí la advertencia unánime de todos los ex Secretarios de Energía de la democracia.
La experiencia internacional indica que las adjudicaciones directas de grandes obras públicas al limitar la apertura y convocatoria a oferentes en forma transparente constituyen fuente de sobreprecios, baja calidad de los suministros, y excesivas comisiones en beneficio de los adjudicatarios y los intermediarios en las compras.
Muchas de la obras incluidas en los convenios específicos como las nuevas centrales nucleares y las hidroeléctricas del Río Santa Cruz son fruto de la improvisación en vez de surgir de un plan para el sector energético debidamente consensuado. Además, los tiempos de ejecución de estas obras exceden largamente el plazo del actual gobierno y no cuentan con los Estudios de Factibilidad que aseguren su viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental, ni el repago de los préstamos que se negocian.
El grupo de Ex Secretarios de Energía afirma que este acuerdo que impulsa el gobierno de Cristina Fernández, a 10 meses de terminar su mandato, en forma inconsulta y no transparente, comprometerá al país por décadas en su economía, finanzas, tecnología y también en la estrategia de su política externa. Se impone por lo tanto que antes de la aprobación definitiva del Convenio con la República de China se someta el tema a un debate integral transparente que provea los acuerdos políticos necesarios – que hoy se limitan al oficialismo gobernante- para asegurar que lo firmado se cumpla sin detrimento de los altos intereses nacionales en juego.